Mejores prácticas contra la corrupción
El marco de la transparencia y la rendición de cuentas
Juan Felipe Calderón Montelongo
La perspectiva sistémica tiene la virtud de mostrarnos la complejidad e integralidad del problema de la corrupción, y nos lleva a descartar que soluciones aisladas puedan resolverlo; para ese objetivo se requiere de apego a los valores de legalidad, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas. La mejora de la gestión implica crear nuevas capacidades institucionales y ampliar las existentes para elevar la calidad de la acción pública, y para rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre la administración de los recursos públicos.
La situación y los avances
De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción es el abuso de poder público en beneficio propio; en mi concepto, se trata de un problema confuso, con heterogéneas causas y efectos, que puede presentarse de forma aislada o en una intrincada red de complicidad que trastoca y conculca el orden jurídico y normativo, pero que siempre es posible combatir o inhibir —más aún: en un escenario óptimo, impedir que se presente.
Existen ambientes en los cuales las condiciones existentes favorecen la gestión y manifestación de la corrupción, como: instituciones débiles, regulaciones laxas, o todo lo contrario, esto es, complejidada, centralización, impunidad, tolerancia social a la ineficiencia, ausencia de controles —o ineficaces—, falta de acceso a la información.
Consecuencia de muchas causas y causa de muchas consecuencias, la corrupción provoca que se erosione la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven a un adecuado desarrollo y bienestar social.
Cierto e interesante es el planteamiento de Transparencia Internacional que le confiere capacidad de impulso o de adaptación a la corrupción, precisando que “ha dejado de ser vista sólo como un asunto de moral y ética, estático e inmutable para cierto tipo de individuos o sociedades. Cada vez más, la corrupción se percibe como una conducta humana que obstaculiza el desarrollo y por lo tanto requiere ser medida”.
Sobre el particular, a partir de 1995 Transparencia Internacional evalúa los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado, lo que consiste en un índice compuesto que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 180 países en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción).
La experiencia de esta medición para nuestro país, de 1995 a 2008, es que ha mantenido un promedio en el rango de calificación de 3.3 en el IPC, lo que supone un nivel reprobatorio y de estancamiento, que en consecuencia no refleja convenientemente el esfuerzo del Estado en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Para revertir positivamente esta percepción, México ha incorporado paradigmas y tendencias innovadoras que se han consolidado en una nueva gestión pública, con enfoque a la mejora de la gestión bajo una estrategia de rendición de cuentas y transparencia, así como mediante la promoción y consolidación de una cultura a favor de la legalidad. Aún cuando los resultados no alcanzan recuperaciones sustanciales en el mediano plazo, ni dichos esfuerzos han tenido impacto en la percepción de quienes desde fuera persisten en calificar negativamente el desempeño de México en el ámbito de la corrupción, deben destacarse como acertadas esas acciones.
Es indicativo que no han sido suficientes, para revertir la imagen desfavorable, ni el fortalecimiento del marco normativo ni la creación de instituciones que transformaron el modelo tradicional de combate a la corrupción —exclusivamente vigilante, correctivo y punitivo— en uno proactivo y preventivo, rearticulación que objetivamente pretende recobrar la confianza ciudadana.
El reciente robustecimiento de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, a través de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es un acto que debe traducirse en una substancial mejora en los resultados de la fiscalización superior; así también, la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental deberá contribuir a una mejor y más transparente rendición de cuentas.
Resultados positivos
En el marco del Programa Nacional para el Combate a la Corrupción y el Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo (2001–2006), me correspondió coordinar la evaluación de los resultados del modelo de administración de riesgos de corrupción del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estuvo a mi cargo el diseño y aplicación de encuestas de opinión pública —en coordinación con las unidades administrativas del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)—, a efecto de identificar problemáticas y posibles soluciones, orientadas a combatir la corrupción con grupos de contribuyentes por sectores, asociaciones de profesionistas, institutos y colegios, etc.
Con el esfuerzo de todas las unidades que lo integran, se logró el descenso en el Índice General de Percepción de la Corrupción en el SAT (IGPC–SAT), en un período de mejora creciente y de percepción durante los últimos cinco años, situación que contrasta sensiblemente con el estancamiento del IPC referido en la evaluación general de Transparencia Internacional.
La aportación del área a mi cargo fue la instrumentación de medidas para prevenir el desvío en la actuación de los servidores públicos desde dos esferas: una, la evaluación de la confiabilidad, y otra, la práctica de revisar las actuaciones de los servidores. En ambas estrategias la finalidad era constatar la probidad de los involucrados, por lo que cada caso se complementaba con investigaciones administrativas.
Como resultado, se logró un cambio porcentual de octubre de 2003 a marzo de 2009 del orden de 55.94%, lo que representa un avance positivo significativo, mismo que se ilustra con el gráfico ‘Avance en el combate a la corrupción en el SAT’.
Conclusión
Satisfactoriamente puedo señalar que el éxito del SAT es comprensible en un escenario interdisciplinario que requirió del uso de las mejores prácticas de planeación, prevención, operación, dirección y control para ser eficiente; y permitió alinear una serie de programas, proyectos y acciones en términos de los objetivos generales de la administración tributaria.Hoy es público que la confianza que la ciudadanía tiene en el SAT es bastante razonable. Mi reflexión va en el sentido de que con la instrumentación de políticas transversales y una intensa y permanente promoción de la honestidad y la transparencia, se puede llegar a un mejor y más adecuado manejo de los fondos públicos, con el consecuente combate irrestricto a la corrupción y a la impunidad.
El Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008–2012 establece como eje central: “El ejercicio de la función pública sólo puede tener como objetivo servir a la sociedad.” Esta misión máxima podrá ser adoptada por quienes desde nuestras facultades y alcances participamos y deseamos inhibir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas, como un desafío dentro de nuestra vida profesional y privada.
Perfil:
Juan Felipe Calderón Montelongo tiene amplia experiencia en fiscalización gubernamental y evaluación administrativa; se desempeñó como administrador general de evaluación del SAT/SHCP de 2004 a 2008. Actualmente es subcontralor de auditoría en el IFE y presidente de la Fundación Mexicana para el Diagnóstico de la Gestión Pública, AC.
